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El Juez debe ser garante del interés superior y las normas que rigen el ordenamiento jurídico de la niñez y de la adolescencia

Fecha: 21 de noviembre de 2014

En la segunda jornada del "XI Foro: Sobre Derechos de Niñez y Adolescencia", que se realiza en el Auditorio Principal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), intervino el juez del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, Dr. Héctor Peñaranda, quien expuso sobre "El Rol del Juez en la Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en los Procesos Judiciales". 

Señaló que la razón del rol del Juez de Protección es garantizar los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia. Agregó que son múltiples los roles pero que "nos distinguen de otro tipo de jueces porque tenemos que ir un poco más allá, ya que estamos protegiendo la dignidad humana, los derechos humanos de los niños y de su familia".

Precisó que entre los roles de las juezas y jueces de protección están: garantizar el debido proceso, ser auténtico intérprete de la Carta Magna, del interés superior y de las normas que rigen el ordenamiento jurídico venezolano de la niñez y de la adolescencia; ser autónomo e independiente, constituirse en director del proceso que refleje autoridad, liderazgo en la conducción del mismo, garantizando el desarrollo de los actos procesales.

Asimismo destacó que el juez y la jueza, entre otras cosas, debe ejercer su papel de mediador; ser gerente, es decir, que tenga cualidades para la administración eficiente y eficaz de su despacho y de los funcionarios judiciales; conocedor y ejecutor del uso técnico de la palabra hablada, conocedor de las ciencias sociales y humanísticas (sociología, filosofía, psicología, entre otras), estrechamente vinculadas con la función de administrar justicia, y sobre todo ser una persona con los más altos principios éticos y valores morales.

Laboratorio de Genética de la DP a la altura de cualquiera en el mundo

También expuso en el evento la directora del Laboratorio de Identificación Genética de la Defensa Pública (Ligdp), Lic. María Luisa Núñez, quien manifestó que la realización de esta actividad demuestra que el Máximo Juzgado tiene una alta estima por la niñez y la adolescencia del país, por lo que este evento permite que los diferentes actores del Sistema de Justicia estén cada vez mejor preparados, con conocimientos modernos y novedosos en la materia.

Durante su participación en el Foro, expuso sobre la "Estructura y Función Biológica del ADN". Al respecto explicó todo lo referido al ADN como elemento de prueba en el sistema de administración de justicia para tomar decisiones.

En el ámbito de protección del niño, niña y adolescente precisó lo relacionado con las filiaciones heredo-biológicas, tanto de la maternidad como de la paternidad. "Es un tema muy importante de índole social y que nos ha permitido al sistema de administración de justicia, a nuestros jueces le ha permitido unir a la familia, permitir que un niño conozca su verdadera identidad, crezca de manera sana y sea un ciudadano útil para la sociedad el día de mañana".

Sobre el Laboratorio de Identificación Genética de la Defensa Pública señaló que se encuentra en funcionamiento, en la etapa de toma y colección de las muestras y evidencias. Precisó que la función de este ente es realizar pruebas heredo-biológicas de la maternidad y la paternidad, y también en el área penal ordinario, siempre y cuando sea jurídicamente viable, y el defensor o defensora pública haya solicitado ante juez la prueba y este le haya dado lugar. Agregó que el Ligdp cumple con todas las certificaciones nacionales e internacionales. "Está concebido con tecnología de punta, que puede ser completamente comparado con cualquier laboratorio a nivel mundial".     

Este Foro es organizado por el Alto Juzgado venezolano, presidido por la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, a través de la Coordinación Nacional de la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial, a cargo de la vicepresidenta de la Sala de Casación Social, magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa.


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