Las máximas autoridades del: Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ministerio Público (MP), Defensa Pública (DP), Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD) y Ministerio del Poder popular para el Servicio Penitenciario firmaron una resolución conjunta que tiene por objeto implementar las políticas públicas pertinentes y necesarias, por parte de las instituciones que conforman el Sistema de Justicia, dentro del ámbito de sus competencias, para garantizar de forma oportuna la celebración de las audiencias judiciales fijadas a través del módulo de Agenda Única.

La Agenda Única está concebida como un sistema que coadyuva en la celeridad procesal del país, garantizando de esta manera el acceso a la Justicia y al debido proceso, a través de esta herramienta tecnológica que permite mantener coordinados de forma permanente a tres de los principales órganos involucrados del Sistema de Justicia, como son: los Tribunales, el Ministerio Público y la Defensa Pública; lo que garantiza manejar un instrumento automatizado que permite fijar las audiencias sin que coincidan unas con otras, para evitar sus diferimientos.

Como parte del trabajo mancomunado que realiza el TSJ con las instituciones del Estado, nace la iniciativa de resolución conjunta que permite continuar con la optimización del servicio de administración de justicia y con la garantía de una justicia oportuna.

La firma de la resolución conjunta entre el Máximo Tribunal y el resto de las instituciones partes del Sistema de Justicia, representa el alto grado de voluntad de los organismos del Estado en la satisfacción del bien colectivo.            

El módulo Agenda Única fue puesto en marcha el 30 de julio de 2013 por la presidenta del Alto Juzgado, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, junto con los máximos representantes del Sistema de Justicia, fecha desde la cual este moderno instrumento tecnológico, basado en software libre, ha contribuido de manera notable en el fortalecimiento de la celeridad procesal en el ámbito penal, en fiel cumplimiento con los postulados establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el marco legal del país.