El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala de Casación Social y en ponencia de la magistrada Carmen Esther Gómez Cabrera, declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por la codemandada General Motors Venezolana, C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en relación con un juicio que sigue el ciudadano Yorbys Pérez Gil por cobro de prestaciones sociales frente a la mencionada empresa y las Asociaciones Cooperativas Dinasa R.L. y Pinex 123 R.L.

            El juzgado superior laboral declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por General Motors Venezolana, C.A y parcialmente con lugar la demanda, modificando el fallo apelado dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

            Contra esta decisión, la codemandada ejerció el recurso de control de la legalidad alegando la infracción del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y del artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto considera que se omitieron las disposiciones legales que regulan las relaciones jurídicas contenidas en el contrato que unió a la empresa con la asociación cooperativa, la cual fue de índole mercantil.

            Al respecto, la Sala concluyó que la sentencia impugnada se encuentra ajustada a derecho, pues no vulnera normas de orden público laboral, por lo que resulta innecesario para el Alto Juzgado desplegar la actividad jurisdiccional para el conocimiento del recurso de control de la legalidad al no ajustarse la pretensión a los fines de este medio excepcional de impugnación.