El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en coordinación con varias instituciones y organismos del Estado venezolano integrantes del Sistema de Justicia, realizó una jornada de tribunales móviles en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Gladys Vanegas, situada en la parroquia Coche del municipio Libertador de Caracas, en la que fueron atendidas más de 400 personas con diversos servicios jurídicos.

Durante un recorrido que efectuó por la institución educativa para supervisar el desarrollo de la actividad, el magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, integrante de la Sala Constitucional del alto juzgado y coordinador del Instituto de Investigación y Postgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM), ente al cual está adscrito el programa Tribunal Móvil, expresó que el objetivo principal de este tipo de jornadas es mantener el contacto con las comunidades desde el Poder Judicial a fin de que la ciudadanía pueda resolver asuntos en el ámbito jurídico de una manera expedita.

Agradeció la masiva respuesta brindada por la ciudadanía, y recordó que el programa Tribunal Móvil es una iniciativa que maneja el Instituto de Investigación y Postgrado de la ENM a la par de su labor académica en la producción de conocimientos y de docencia, como una actividad que puede entenderse como "la "práctica de nuestros funcionarios y nuestros jueces en la comunidad, es decir, es parte de la extensión universitaria y se ha venido desplazando en comunidades de todo el país para llevar a la práctica la justicia a quienes se les hace difícil el acceso a un tribunal, tal cual ha sido la política implementada por la presidenta del TSJ, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado".        

La ciudadanía pudo concretar en la jornada actos jurídicos como títulos supletorios, divorcios por mutuo acuerdo, declaración de únicos y universales herederos, cartas de soltería, rectificación de actas de matrimonio, nacimiento y defunción, declaraciones juradas de no poseer vivienda, poderes especiales, obligación de manutención y carga familiar, entre otros. Además, se brindó asesoría jurídica en asuntos laborales, de niñez y adolescencia, en violencia contra la mujer, delitos menos graves, así como en redacción y visado de documentos.

Participaron junto a jueces, alguaciles y abogados del Poder Judicial, representantes del Ministerio Público, la Defensa Pública, la Oficina Nacional para la Atención Integral a Víctimas de la Violencia del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como organizaciones del Poder Popular y la Policía Nacional Bolivariana.