Columna "TSJ Informa" publicada en el Diario VEA el martes 04/11/14

El Poder Judicial, a través de sus diferentes tribunales, mantiene su labor firme, sostenida y articulada con las demás instituciones del Estado con el objeto de profundizar la lucha para erradicar el contrabando y otros delitos económicos, que buscan afectar la economía nacional, la soberanía alimentaria y generar desabastecimiento en el país.           

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, junto a los diferentes integrantes de la Comisión Nacional de Lucha Contra el Contrabando, presidida por el vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, y conformada, entre otros, por los altos representantes de los ministerios del Poder Popular para la Defensa, Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para las Comunas y los Movimientos Sociales, la Superintendencia de Precios Justos y el Ministerio Público, se mantiene en trabajo permanente, en armonía, para garantizar los derechos del pueblo venezolano.

A través de sus 18 Circuitos Judiciales Penales Fronterizos, creados por disposición del Máximo Juzgado del país, mediante la Resolución N° 2014-0001 del 13 de febrero de 2014, el Poder Judicial a través de sus jueces y juezas, día tras día y coordinadamente, trabajan con los demás integrantes del Sistema de Justicia para contribuir en la erradicación de prácticas ilegales que pretenden perturbar el normal desenvolvimiento de la economía venezolana y castigar con rigor a quienes infringen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el marco legal establecido. 

La Resolución señala que los Circuitos Judiciales Penales ubicados en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Vargas y Zulia, por su inherencia en espacios geográficos de relevancia judicial fronteriza, y por la necesidad de especializar, concientizar y reforzar estratégicamente la actuación de la jurisdicción penal en esas zonas, así como de optimizar el control punitivo en las mismas, se constituyen como Circuitos Judiciales Penales Fronterizos.

El Alto Juzgado y los diferentes tribunales de la República garantizan a la población venezolana que el trabajo desplegado por todo el país se seguirá impulsando, siempre de forma articulada con las diferentes instituciones del Estado, con el propósito de contribuir en la estabilidad económica de la Nación y el buen vivir de los ciudadanos y las ciudadanas.