La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, expresó que el Poder Judicial ha sido constante en el combate contra las conductas perniciosas de la corrupción de modo objetivo y en todos los ámbitos, tanto a lo interno como en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, más aun con las políticas judiciales devenidas de la Revolución Judicial, que viene superando los desafíos para el mejoramiento de todo el sistema de justicia venezolano.

Así lo manifestó en el "Foro Contra la Corrupción", transmitido por video conferencia a las diferentes sedes judiciales del país, y que fue realizado en el marco del convenio interinstitucional suscrito el pasado 17 de febrero por la Presidenta del Alto Juzgado y la Superintendenta del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, Jhoana Ytriago, dirigido a seguir profundizando la difusión de conocimiento encaminado a concientizar, prevenir y sancionar las acciones que atenten contra el patrimonio público y la ética en la función pública, con especial énfasis en el sistema de administración de justicia.  

La Presidenta del TSJ ratificó que desde el Poder Judicial se actúa con tenacidad en este sentido, aunado a los esfuerzos del Poder Ejecutivo Nacional por iniciativa del Jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moros, quien por encima de cualquier circunstancia está defendiendo el axioma de la moral pública como un desiderátum cardinal e impostergable para honrar la dignidad y el bienestar del pueblo y de la consciencia universal en la lucha contra dicho flagelo, en tiempos de agresiones externas.  

En ese sentido, resaltó la firmeza indeclinable y unánime de las autoridades judiciales en coadyuvar desde los órganos del sistema de justicia en la erradicación de la corrupción, también mediante la gestión judicial que desarrollan los tribunales que conocen de aquellos juicios por delitos derivados y conexos asociados a los fenómenos de este flagelo y la delincuencia organizada.

Afirmó igualmente que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concibió la necesidad permanente de prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, además de velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado.

En el evento, celebrado en el auditorio principal del Máximo Tribunal, también intervino la superintendenta del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, Dra. Jhoana Ytriago, quien señaló que el foro se realizó con el propósito de compartir experiencias sobre el marco legal, políticas de Estado e iniciativas desarrolladas por el Poder Público en este combate anticorrupción. En sus palabras, hizo un recuento de las actividades y convenios de trabajo que han  realizado con otras instituciones en el ámbito nacional e internacional. Además explicó que el Cuerpo Nacional contra la Corrupción es el órgano rector encargado de enseñar, planificar, estructurar, recomendar y ejecutar las políticas públicas del Estado contra los delitos inherentes a la problemática.

Especialistas en la materia participaron en el foro

Asimismo participaron las Dras. Dorángel Cañizales y Desireé Vitale, asesoras académicas del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, con los temas Prevención contra la Corrupción y La Corrupción en el Ordenamiento Jurídico Venezolano, en cuyo desarrollo se refirieron a las responsabilidades de la Policía Nacional Contra la Corrupción, para ejecutar las operaciones de investigar, combatir, neutralizar y perseguir los delitos asociados y conexos a este flagelo, así como a las bases legales para combatir este flagelo, sus características, además de los delitos establecidos en la Ley Contra la Corrupción. Finalmente, el economista Oscar Perdomo expuso el tema Legitimación de Capitales y Economía Digital, explicando los elementos y modalidades asociadas a tal delito y las incidencias de la era digital económica.  

Estuvieron presentes magistrados y magistradas del TSJ, el Director General de la Escuela Nacional de la Magistratura, la Inspectora General de Tribunales, el Director Ejecutivo de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público General, diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, autoridades civiles y militares, juezas y jueces, servidoras/es judiciales, representantes de los consejos comunales y del Poder Popular