La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, recibió en la sede del máximo juzgado del país a una comisión de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional (AN), quienes notificaron formalmente al Poder Judicial el inicio de las sesiones legislativas correspondientes al período 2024 - 2025.

La comisión de parlamentarios fue encabezada por el diputado Julio García Zerpa y la integraron además los diputados y diputadas: María Gabriela Vega, Rodbexa Poleo, Rosa León, Carolina García, Rubén Limas, Oscar Ronderos, José Brito y Jesús Brito. 

Igualmente participaron en el encuentro el primer vicepresidente del alto tribunal y presidente de la Sala de Casación Social, Mag. Edgar Gavidia Rodríguez; el segundo vicepresidente y presidente de la Sala de Casación Civil, Mag. Henry José Timaure Tapia; la presidenta de la Sala de Casación Penal, Mag. Elsa Janeth Gómez Moreno, y la presidenta de la Sala Electoral, Mag. Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez.

Tras expresar palabras de salutación en nombre de las magistradas y magistrados que integran el Tribunal Supremo de Justicia y desear éxitos en este nuevo período de sesiones en sus respectivas labores a los diputados y diputadas que integran la Asamblea Nacional, la Presidenta del TSJ brindó palabras de reconocimiento al trabajo que desempeña el parlamento venezolano en defensa y fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país.

Asimismo, la magistrada Gutiérrez Alvarado manifestó que desde el alto tribunal se continuará impulsando el trabajo articulado con la Asamblea Nacional, junto a las diferentes instituciones y organismos que integran el sistema de justicia, para seguir el despliegue en todo el país, enmarcado en la Revolución Judicial impulsada por el Jefe de Estado.

Al respecto, la Presidenta del máximo tribunal resaltó la labor desplegada desde el TSJ, en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico del Poder Judicial, para garantizar a la ciudadanía el acceso a la justicia, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, así como un servicio gratuito, transparente, célere, moderno y eficaz en las diferentes sedes judiciales de la Nación.