El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno, en nombre del Poder Judicial venezolano expresó su contundente rechazo al informe publicado el 16 de septiembre del 2020, "elaborado por una comisión paralela e impulsada por el hostil y minoritario auto determinado Grupo de Lima, quienes el pasado año y durante el Cuadragésimo Segundo Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, impusieron este mandato cuyo principal objetivo es cuestionar al legítimo Gobierno de Venezuela y sus instituciones".

En el pronunciamiento, la Máxima Autoridad judicial del país estuvo acompañada por los integrantes de la Junta Directiva del TSJ: el primer vicepresidente, magistrado Juan José Mendoza Jover; la segunda vicepresidenta, magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; el presidente de la Sala de Casación Civil, magistrado Yván Darío Bastardo Flores; la presidenta de la Sala de Casación Social, magistrada Marjorie Calderón Guerrero y el presidente de la Sala Electoral, magistrado Malaquías Gil Rodríguez.

Señaló el magistrado Maikel Moreno que el informe se apoyó en una írrita  resolución que vulnera los principios del derecho internacional expresados en el respeto a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia de los asuntos internos y la integridad territorial, e igualmente  vulnera los principales pilares del multilateralismo como son el diálogo genuino y la cooperación.      

Agregó que la elaboración del informe se hizo de forma unilateral y parcializada, "evidenciándose una franca manipulación y el uso indebido del sistema internacional de derechos humanos, y desnaturalizando el  trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, elaborando un informe paralelo con la finalidad de aniquilar la verdadera imagen sobre las garantías a los derechos humanos impulsadas por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela".           

El Presidente del TSJ también señaló que con el informe se pretende subrogar los protocolos acordados con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en temas tan sensibles, convirtiéndose esta supuesta misión independiente, en un nuevo mecanismo de agresión que pretende esbozar y publicitar una serie de apreciaciones sesgadas y unilaterales sobre la situación de los DD.HH. en Venezuela.

"Tal y como se ha expresado por los distintos representantes del Poder Público Nacional, el informe, carece de los protocolos esenciales para la verificación y consolidación de la información obtenida, ya que no se realizó en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y se fundamentó en deposiciones de presuntas víctimas y testigos promovidos de manera anónima y unilateral, incumpliéndose el principio elemental de transparencia que debe caracterizar cualquier actuación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", precisó el magistrado Maikel Moreno.

Indicó que el informe no vislumbra la verificación real de la situación jurídica de los presuntos agraviados, "su labor, no fue promovida por la mayoría del conglomerado de los Estados partes de la Organización de Naciones Unidas, lo cual hace cuestionable su fuente, careciendo de la legitimidad necesaria para sostener y promover este tipo de documentos".

El Presidente del Alto Juzgado reiteró que la República Bolivariana de Venezuela, es un Estado garante de la paz y de la progresividad de derechos humanos, desde el punto de vista Constitucional no solo le otorga un papel preponderante sino que subordina toda la actividad del Estado al respeto y la garantía de estos derechos.

En ese sentido, recordó el Magistrado que por invitación del propio Jefe de Estado, presidente Constitucional ciudadano Nicolás Maduro Moros, una comisión encabezada por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha venido trabajando in situ y en coordinación con las autoridades venezolanas en labores de seguimiento y verificación de la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Al continuar refiriéndose al informe señaló: "lamentamos que estas prácticas, al margen de la racionalidad y de la buena fe que rige las relaciones internacionales entre los Estados y  los organismos multilaterales como Naciones Unidas, sirvan de instrumento para tratar de entorpecer y destruir los procesos de diálogos establecidos entre el gobierno y la oposición para la resolución pacífica y democrática de sus conflictos", manifestó el magistrado Maikel Moreno.

Señaló que es evidente, que tales acciones "son promovidas por los enemigos externos de Venezuela, quienes con doble moral pretenden cuestionar la aplicación y el desarrollo de los derechos humanos en nuestro país, escondiendo su grave crisis social y la erosión de estos derechos en sus propios territorios".

Agregó el Presidente del Máximo Juzgado que tales acciones forman parte de una vieja estrategia de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela y sus instituciones, "quienes han venido coordinando esfuerzos tangibles en la consolidación de una cultura de paz y de entendimiento entre los venezolanos".

Finalmente, el magistrado Maikel Moreno manifestó: "alertamos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que el principal objetivo de estos promotores del odio, no es otro que utilizar los derechos humanos como herramienta política, para agredir a la institucionalidad democrática; sin embargo, a pesar de estos ataques infundados, que pretenden nuevas y mayores agresiones a nuestra amada República, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, seguirá siendo garante de la estabilidad política y de la paz, contribuyendo a la consolidación del Estado democrático social de Derecho y de Justicia, que proscribe nuestra Constitución, y al mismo tiempo favoreciendo el ejercicio efectivo  de los derechos humanos, como práctica indispensable para la consolidación de los objetivos consagrados en nuestra Carta Magna".