El primer ciclo de foros realizados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidido por la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, culminó con éxito de asistencia y  participación en las 23 entidades federales y el Distrito Capital. Durante seis días, más de 7.342 personas participaron en la actividad promovida por el Alto Tribunal a través de las Rectorías y Presidencias de Circuitos Judiciales Penales, con el apoyo de la Gerencia de Participación Social e Institucional.

El pasado 20 de febrero la Sala Constitucional del TSJ dictó la sentencia histórica relacionada con el  documento identificado como "ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela 2014" y otras acciones de autoridades estadounidenses, la Sala expresó contundentemente "…que los Estados Unidos de América no tienen jurisdicción alguna, de ninguna intensidad, forma o atributo, para sancionar y promulgar actos de faz legal con aplicación en la República Bolivariana de Venezuela". A raíz de esta sentencia, la Gerencia de Participación Social desarrolló estas actividades respondiendo a una de las inquietudes de la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, según la cual, la jurisprudencia emanada del Alto Tribunal debe ser difundida y reflexionada en el seno de las comunidades para mayor conocimiento por parte del pueblo venezolano.

A partir del miércoles 25 de febrero, la Gerencia de Participación Social e Institucional comenzó el despliegue de una serie de foros que tuvieron por objeto la discusión del fallo de la Sala, los cuales, se realizaron dentro de un clima de participación que produjo una importante reflexión colectiva y una significativa calidad en las intervenciones.

Las actividades contaron con la asistencia y participación de jueces, juezas, servidores públicos del Poder Judicial y diversas expresiones del Poder Popular, así como integrantes de cuerpos policiales, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y estudiantes de educación media y universitaria.

De esta manera el Tribunal Supremo de Justicia, garante de los derechos y deberes de los venezolanos, actúa permanentemente en pro de la protección del interés colectivo y en defensa de la soberanía patria, la autodeterminación del pueblo, el orden democrático y el cumplimiento y respeto de la Carta Magna.