El Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Nueva Esparta, dictó medida judicial privativa preventiva de libertad a las ciudadanas Suleima Gregoria Robles Millán, funcionaria de Pdval; Yelitze Jusep Moronta Medina, funcionaria del Saime Boca del Río; Gilyureina Milagros Ortiz Vargas, funcionaria del Saime Juan Griego, y Miriam Adriana Hernández, por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia, previsto y sancionado en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción; y asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra el Terrorismo y  la Delincuencia Organizada.

En el caso de la ciudadana Miriam Adriana Hernández le fueron imputados los mencionados delitos pero en grado de cómplice necesario, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Código Penal.

Según las investigaciones preliminares las ciudadanas ofrecían vía telefónica a través de una aplicación de mensajes diferentes trámites como: solicitud de pasaporte, recuperación de usuario, anulación de pasaporte, solicitud de citas, solicitud de prórrogas, a cambio de divisas.