En el marco de la seguridad alimentaria y la lucha contra el contrabando que viene ejecutando el Estado venezolano, el Tribunal Octavo con funciones de Control con competencia en delitos económicos de la Circunscripción Judicial Penal del estado Táchira, a cargo del juez Eliseo Padrón, dictó medida de privación judicial preventiva de libertad para Juan Diego D'Aveta Torres y Daniel Alfonso Álvarez, presentados en flagrancia, por la presunta comisión del delito de acaparamiento, previsto y sancionado en el artículo 54 de la Ley Orgánica de Precios Justos.

Otros de los presuntos delitos por los que fueron presentados los ciudadanos mencionados fueron: expendio de alimentos de bienes vencidos, previsto y sancionado en el artículo 52 segundo aparte de la Ley Orgánica de Precios Justos; desvalijamiento de vehículo automotor, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley Sobre El Hurto y Robo de Vehículo Automotor; posesión y porte ilícito de armas de fuego, previsto y sancionado en los artículos 111 y 112 de la Ley Orgánica para el Desarme y el Control de Armas y Municiones; y asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 4 numeral 9, de la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

El Tribunal para decidir realizó la audiencia y determinó que en la inspección que realizaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, del galpón Transporte Nino, ubicado en las riberas del Río Torbes, sector La Certeza, de Táchira, se incautó una gran cantidad de kilos de arroz, 690 cauchos, 50 vehículos de carga y 49 placas vehiculares, sin la documentación para ello. Además, de dos escopetas, un cargador de pistola prieto beretta con catorce cartuchos sin percutir y un chaleco antibalas.

El Juzgado, con competencia en delitos económicos, ordenó la incautación preventiva de todos los bienes señalados y poner a disposición de la Superintendencia Nacional Para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, SUNDDE, 1541 fardos de arroz de diferentes marcas, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Además, fijó que los ciudadanos involucrados estarán privados de su libertad en el Centro Penitenciario de Occidente.