Este jueves se realizó en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una reunión de trabajo como parte de las acciones impulsadas desde el Alto Juzgado venezolano, para promover la digitalización de los procesos judiciales en el país en beneficio de las y los justiciables. 

El encuentro lo encabezó la integrante de la Sala Constitucional y coordinadora de la Comisión Especial de Tecnología y Digitalización de los Procesos (Cetydip), Magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet, quien intercambió ideas con profesores del Diplomado de Derecho Procesal Telemático de la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM). 

La Magistrada recordó que desde la Cetydip se trabaja en varias áreas, entre ellas y como producto bandera el Sistema de Gestión Judicial, pero además en el impulso de la realización de las audiencias telemáticas, las citaciones por medios electrónicos y la formación de las y los servidores judiciales en el ámbito tecnológico.

"Desde la Cetydip buscamos asegurarnos tener un trabajo aún más eficiente y efectivo, con la celeridad procesal que debemos garantizar a la población, siempre con la debida seguridad en cada uno de los procesos", precisó la Magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet.        
Entre la temática abordada en la reunión estuvo, entre otros aspectos: el expediente digital, citaciones electrónicas, la protección de los datos personales, confidencialidad de la información, firma electrónica, seguridad, normativas y aplicación de códigos QR. 

En la reunión, efectuada en la Sala de Audiencias Telemáticas del TSJ, también intervinieron los profesores de la ENM: Gustavo Amoni, Raymond Orta, Sacha Fernández y Junior Sumosa; la jueza de municipio Arelis Falcón, junto a personal de la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones del Máximo Juzgado.

Esta actividad se enmarca en las políticas impulsadas desde el Máximo Tribunal, presidido por la Magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, con el objeto de promover el uso de las nuevas tecnologías en el Poder Judicial, para así garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva a la población como lo consagra la Constitución y leyes de la República Bolivariana de Venezuela.