"Que el pueblo tenga la certeza y la seguridad que este Poder Judicial no va a permitir que ningún otro Poder del Estado pretenda ejercer sus competencias en interés propio, egoísta o individual, en detrimento de los derechos de los venezolanos, sin pensar en el colectivo y sin atender a las conquistas alcanzadas por sus ciudadanos", tal afirmación la hizo la oradora de orden de la Apertura de Actividades Judiciales 2016, magistrada Mónica Gioconda Misticchio Tortorella, vicepresidenta de la Sala de Casación Social del Máximo Juzgado del país.

La Jurista dijo que durante los dieciséis años de vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Poder Judicial ha sido garante de los derechos humanos y sociales de sus ciudadanas y ciudadanos, consolidando y fortaleciendo así este Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.

La Magistrada, quien aseguró que las funciones que desempeñan actualmente las mujeres en el país, es gracias a las conquistas alcanzadas por las luchas de insignes patriotas como Luisa Cáceres de Arismendi, Manuela Saenz y Juana Ramírez, La Avanzadora, también aseveró que "el Poder Judicial venezolano es independiente, legítimo, garante de la legalidad de la actuación de los otros poderes y el árbitro por excelencia ante los eventuales conflictos de quienes pretendan estar por encima de la norma fundamental, a la que estamos sometidos todos los poderes, sin excepción. Nuestro Poder Judicial se constituye como una institución imparcial que articula el Derecho con la voluntad del pueblo y, en definitiva, se erige como el guardián del orden constitucional".

Indicó que "el país es irrevocablemente libre, independiente y soberano, conforme lo proclama el artículo primero del Texto Fundamental y lo ha reafirmado la Sala Constitucional, en históricas sentencias, al rechazar categóricamente las políticas injerencistas de Estados extranjeros sobre los asuntos internos de Venezuela. Es garante, por excelencia, de los derechos humanos, y destacan como importantes acontecimientos, la constitución del primer Parlamento Comunal Nacional, ordenado en la Ley Orgánica de las Comunas; el Decreto de Emergencia Económica, en el territorio nacional, por sesenta días, declarado constitucional por este Alto Tribunal. Se trata de un Decreto para regular, con carácter prioritario, aspectos de seguridad económica de nuestro país y destaca también el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2019, referido en el Informe Anual".

"No se trata de judicializar la política ni de politizar la justicia, por el contrario, se trata de ser el árbitro, el guardián y el garante de la paz social, de la justicia, de la estabilidad democrática y de los derechos constitucionales conquistados por el pueblo venezolano, en ejercicio de la potestad suprema de impartir justicia que emana de los ciudadanos y las ciudadanas", aseguró en sus palabras la magistrada Mónica Gioconda Misticchio Tortorella.

Respecto a sentencias emblemáticas del TSJ, aseveró que desde el año 2000, ha pronunciado decisiones con gran impacto en el orden jurídico y social del Estado venezolano, al constituir nuevos paradigmas de interpretación constitucional que le han permitido cumplir con su función de proteger los derechos constitucionales de los justiciables. Tales como: la sentencia 61 del año 2000, en la que la Sala de Casación Social protege a los trabajadores; en la sentencia 3 del año 2005, ha protegido los derechos de los jubilados y pensionados, entre otras.

Sobre el papel protagónico del Poder Judicial, aseveró que radica en garantizar, consolidar y fortalecer el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que impera en el país, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, fecha desde la cual, el Alto Tribunal se ha constituido en una instancia requerida por los diversos sectores de la sociedad, tanto en demanda de la protección de sus derechos humanos, como para la interpretación de los principios y valores constitucionales vigentes, con el propósito de garantizar la gobernabilidad democrática. "De ahí, la enorme y delicada responsabilidad que recae sobre nosotros, Magistradas y Magistrados, juezas y jueces de la República de sentenciar, con la mayor ecuanimidad, imparcialidad, independencia, honestidad y transparencia, para evitar que los ciudadanos pierdan la confianza que han depositado en las instituciones democráticas".

Para finalizar, indicó que "estamos llamados a seguir construyendo una sociedad más humana, justa, amante de la paz y reconciliada; una sociedad organizada sobre la base del respeto y la tolerancia; por ello, desde este digno espacio para la justicia invitamos a todos los poderes, incluso, al recién electo Poder Legislativo, a trabajar, en forma independiente pero armoniosa, colaborando entre sí para la consecución de los fines del Estado y, en definitiva, en beneficio del pueblo venezolano. Somos servidores públicos, nos debemos a un pueblo, y debemos estar comprometidos a atender sus peticiones con honestidad, transparencia, imparcialidad, independencia, mística, ética y moral".