El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala de Casación Penal, acordó sustraer la causa del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Táchira seguida contra cinco ciudadanos por la presunta comisión del delito de femicidio agravado, en perjuicio de la ciudadana Karla Romero Quintero, y ordenó remitir el expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, a fin de ser distribuido a un Tribunal de Control con competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de dicha jurisdicción para que continúe conociendo de la causa.

En la decisión N° 129-2019, con ponencia del magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela, se declaró procedente el avocamiento por el cual la propia Sala tomó de oficio conocimiento de la causa, y ordenó remitir copia del fallo a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Táchira.

Por el caso están siendo procesados judicialmente los ciudadanos Jaiver Enrique Velasco Colmenares y Enderson Daniel Hernández Vargas como presuntos autores materiales del homicidio de Romero, mientras que Manuel Salvador Parra Ramírez, Ledysson Berkley Becerra Castillo y Wilfrid Andrés Tovar Landaeta son procesados por la presunta comisión, el primero en grado de determinador y los dos restantes como cooperadores inmediatos.

Entre las consideraciones del dictamen, la Sala destacó que al tratarse de un hecho punible de acentuada gravedad que no solo atenta contra la seguridad e integridad personal de la mujer por motivos estrictamente vinculados con su género, sino contra su vida como bien jurídico tutelado por el ordenamiento jurídico, factor que contraría el interés del Estado en atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, aunado al interés colectivo que existe en el caso por ser de conocimiento público, notorio y comunicacional en la ciudad de San Cristóbal, toda vez que tanto la víctima como los imputados y sus familiares hacen vida en la localidad antes señalada; se evidencian circunstancias que constituyen un hecho grave que de no dársele la oportuna atención pueden llegar a afectar el orden procesal, perjudicando la imagen del Poder Judicial y la paz pública, frente a la injusticia que genera la posible impunidad de delitos de considerable entidad como el que se investiga en el caso bajo estudio.

Los hechos que originaron el caso ocurrieron en mayo del año 2018 cuando la ciudadana Karla Romero junto a una amiga ingresó al estacionamiento de su residencia en su vehículo pero fue sorprendida por un hombre que con un arma de fuego le ordenó le entregara sus pertenencias, Romero corrió y el sujeto le disparó provocándole la muerte. Posteriormente el autor del disparo se llevó el celular de la víctima y huyó a bordo de una moto conducida por otra persona que lo esperaba.