SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que el 12 de julio de 2001, el abogado PEDRO ANTONIO BELLO CASTILLO, titular de la cédula de identidad nº 6.417.906, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº 36.282, actuando en su propio nombre, intentó ante esta Sala, amparo constitucional contra actuaciones de la Coordinación General de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y actos omisivos de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, la Comisión de Evaluación y Concursos y la Inspectoría General de Tribunales, para cuyo basamento denunció la violación de sus derechos a la defensa, debido proceso, igualdad, oportuna respuesta, respeto a la integridad física, psíquica y moral, a no ser sometido a tratos discriminatorios y degradantes, información, justicia expedita, presunción de inocencia, no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, tutela judicial efectiva y trabajo, con fundamento en los artículos 26, 49, 51, 19, 46 y 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Recibido el expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 13 de julio de 2001 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

El 9 de agosto de 2001, el demandante solicitó celeridad procesal.

El 14 de agosto de 2001, el demandante consignó escrito donde resume su solicitud de amparo.

El 7 de noviembre de 2001 la Sala admitió el amparo y, en consecuencia, ordenó practicar las notificaciones de la parte demandada para que se llevara a cabo la audiencia oral de las partes. Asimismo, acordó la medida cautelar solicitada y, por ello, se suspendieron los efectos de la Resolución nº 843-2000, dictada por el Coordinador de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura el 27 de diciembre de 2000, publicada el 30 de marzo de 2001 y negó la solicitud del demandante de reincorporación al cargo que ocupaba.

Efectuadas las notificaciones ordenadas, por auto del 18 de diciembre de 2001 se fijó el día 17 de enero de 2002 para que tuviera lugar la audiencia oral de las partes, la cual, luego, por auto del 16 de enero de 2002 fue diferida para el día 24 del mismo mes y año.

El 24 de enero de 2002 tuvo lugar la audiencia oral de las partes, a la cual asistieron el demandante, las representantes judiciales de los demandados y la Fiscal del Ministerio Público. En esa oportunidad, la abogada Isabel Arteaga Díaz, inscrita en el Inpreabogado bajo el nº 87.522, actuando como apoderada de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, consignó poder que acredita su representación. Asimismo, lo hizo la abogada Griselda Downing, inscrita en el Inpreabogado bajo el nº 31.311, en representación de la Inspectoría General de Tribunales y la abogada Yudmila Flores Bastardo, inscrita en el Inpreabogado bajo el nº 43.820, en representación de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE

1.     Alegó:

1.1   Que el acto objeto del presente amparo deviene y se origina del dictado el 11 de octubre de 1999, como medida cautelar provisional de protección al sistema judicial, contentivo de la orden de suspensión inmediata en el cargo y todas las actividades que desarrollaba en el Poder judicial, bajo el supuesto de que, en su contra, cursaban siete denuncias o más, conforme a las facultades conferidas por la Comisión de Emergencia Judicial. Que dicha medida cautelar no debió durar más de diez (10) días pero han pasado veintidós (22) meses y todavía no se ha dictado el acto definitivo.

1.2   Que la medida de suspensión se ha traducido en “…una PENA Y SANCIÓN INFAMANTE, DISCRIMINATORIA, DESIGUAL, NO EQUITATIVA, NI PREVISTA EN LEY ALGUNA PREEXISTENTE, DENIGRANTE, VIOLATORIA DE (SUS) DERECHOS HUMANOS, ASI COMO EL DERECHO A LA DEFENSA, EL DEBIDO PROCESO, LA IGUALDAD ANTE LA LEY, A LA OPORTUNA RESPUESTA, AL RESPETO A LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y MORAL Y A NO SER SOMETIDO A TRATOS DISCRIMINATORIOS Y DEGRADANTES, DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN, A LA JUSTICIA EXPEDITA, A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, A NO SER JUZGADO DOS VECES POR UN MISMO HECHO, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y EN (SU) GOCE DEL DERECHO AL TRABAJO, CON ACTROS ARBITRARIOS, NULOS DE NULIDAD ABSOLUTA EMANADOS DE AUTORIDADES USURPADAS Y ABUSADORAS, al haber transcurrido más de VEINTIDÓS (22) meses sometido a dicha INDEFINIDA Y ARBITRARIA MEDIDA DE SUSPENSIÓN EN EL CARGO, sin que existan elementos que cuestionen (su) conducta ni (su) proceder en (su) desempeño, ni emane hasta el día de hoy por parte del órgano penante (sic) por vías de hecho, sanción o acción en (su) contra…”

1.3 Que el artículo 1º del Decreto de Reorganización del Poder Judicial establece la inmediata suspensión del cargo de aquellos jueces que tengan en su contra, siete denuncias o más y de los que tienen averiguaciones penales abiertas. Que él sólo tenía seis (6) denuncias, de las cuales dos (2) habían sido declaradas inadmisibles y, por tal motivo, solicitó, en más de una docena de veces, una reconsideración de la medida, pero nunca recibió respuesta.

1.4 Que ha recibido de la Inspectoría General de Tribunales sendos oficios en los que se le participa “…del cierre de denuncias interpuestas con menciones, entre otras, como: ‘no se comprobó que tales hechos tipifiquen los ilícitos denunciados ni ninguno de los ilícitos disciplinarios contemplados en los artículos 38, 39 y 40 de la ley Orgánica del Consejo de la Judicatura...’ ”, pero aun no cesa el atropello de mantener la medida de suspensión.

1.5   Que, contra el acto que ordenó su suspensión, intentó recurso de nulidad, el cual fue declarado inadmisible por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia nº 01616 de 13.07.00.

1.6   Que, el 17 de agosto de 2000, fue evaluado por el Jurado Examinador Nº 9 y el veredicto fue que no aprobó, por cuanto no presentó la declaración jurada de patrimonio a pesar de que sí había cumplido todos los requisitos para ser evaluado y que el examen de éstos correspondía a la Comisión Evaluadora y no al Jurado.

1.7   Que “… en fecha Viernes 30 de Marzo de 2001, aparece publicado en el Cuerpo ‘5-2’ del diario ‘EL UNIVERSAL’, publicación de cartel (...) que contiene el acto inconstitucional y aberrante donde se (le) considera ‘RENUNCIADO’ sin haber jamás interpuesto (sic) tal renuncia y sustentado en hechos o supuestos totalmente falsos y que motiva la presente acción, acompañándose constancia de recepción en fecha 28-3-00 de los recaudos exigidos en cumplimiento de las Normas de Evaluación y Concursos.

2.     Denunció:

2.1   La violación del derecho de petición y oportuna respuesta, previsto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto contra la decisión del 17 de agosto de 2000, del Jurado Evaluador que lo calificó como “NO APROBADO”, porque no presentó declaración jurada de patrimonio, y “RENUNCIADO”, a pesar de que no manifestó tal voluntad, ejerció, el 13 de noviembre de 2000, recurso de reconsideración, el cual no ha sido contestado con la excusa de que es el Jurado Examinador nº 9 quien debe hacerlo y que éste no se ha reconstituido.

2.2   La violación del derecho a la defensa y al debido proceso, previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto, a pesar de que cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 39 de las Normas de Evaluación y Concurso, “… un análisis sui generis (del jurado fuera de la esfera de sus atribuciones) y después de numerosas preguntas evaluativas relacionadas con los expedientes que previamente requirieron para su estudio, determinó (falsamente) que (le) faltaba un requisito (no exigido en las Normas) y que por ende no aprobaba la ‘evaluación’ a la que (fue) sometido(...) En el presente caso, es indudable que se lesiona el principio de ‘lex previa’, ya que se creó la norma para aplicarla con posterioridad, además de que esta correspondía, en dado caso, aplicarla a la Comisión de Evaluación y Concursos y no al Jurado Calificador, quien en lugar de evaluar se convierte en sancionador, escapando del ámbito de sus atribuciones y usurpando las funciones de la Comisión.” Que tampoco se cumplió con el principio de tipicidad.

2.3   La violación del derecho a la defensa y al debido proceso, previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el 30 de marzo de 2001, se enteró, por el diario El Universal, que había sido aceptada su renuncia cuando lo cierto es que nunca renunció a su cargo, decisión que nunca le ha sido notificada. Que se le consideró fuera del Poder Judicial el 27 de diciembre de 2000, y el 8 de febrero de 2001 se le expidió constancia de que ejerce el cargo de Juez Provisorio del Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Que “…esa comunicación publicada en la prensa nacional, sin sustento legal válido, sin dar respuesta debida a varias solicitudes, en grosera violación del derecho a la defensa y al debido proceso, constituye una inaceptable vía de hecho, constituyendo lo que la doctrina patria ha denominado ‘el acto vía de hecho’…".

2.4   La violación del derecho al trabajo previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto, desde el 27 de noviembre de 1995, se ha desempeñado en el cargo de Juez y luego se le sometió a evaluación por un Jurado y éste, sin ningún tipo de base legal, lo consideró NO APROBADO porque no presentó un requisito no previsto en las Normas de Evaluación y Concurso, cuando lo cierto es que sí cumplió con todos los requisitos establecidos.

2.5   La violación del artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prevé la nulidad de todo acto dictado en violación de los derechos garantizados por la Constitución, por cuanto “(l)a renuncia ‘forzada’ del cargo de Juez y de todas las actividades que desempeñ(ó) en el Poder Judicial, sin agotar la notificación personal conforme las normas de procedimiento administrativo y publicada en la prensa (...) configura un acto denigrante y discriminatorio, agravado por la utilización de un criterio eliminatorio sui generis determinado por un Jurado Calificador en abuso de poder, impreciso y genérico, teniéndolo como razón suficiente para ser sancionado públicamente, sin oportunidad de defensa y sin tomar en cuenta (sus) alegatos ni dar debida respuesta a (sus) solicitudes, sin tomar en consideración la dignidad humana, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, al debido proceso, ni otros elementales derechos de la persona humana, produciendo un evidente daño moral y de estado anímico y psicológico de difícil reparación y que atañe fundamentalmente a su ámbito personal”.

2.6 La violación del derecho de acceder a la información, previsto en el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, denunció la violación del derecho a la no discriminación y respeto a la integridad física, psíquica y moral, establecidos en los artículos 19 y 46 eiusdem, pues “…(ha) sido objeto de un trato irrespetuoso, vejatorio, desigual, y discriminatorio, que afecta el goce y ejercicio de (sus) condiciones de igualdad ante la ley…”. Que se le ha incluido en unas listas publicadas en prensa, donde se reseñan jueces “…'corruptos', 'destituidos', 'excluidos del Poder Judicial' 'o con averiguaciones penales'…”.

2.7   La violación del derecho a una tutela efectiva, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto “... (s)iendo que la administración pública debe estar al servicio de los ciudadanos fundamentada en principios de celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia y responsabilidad, entre otros, vemos como en el caso planteado la agraviante se ha subsumido en forma tan excesiva, desafiante y paradójica íntegramente en todo lo opuesto o contrario a tales principios, como ha sido la falta de celeridad, la ineficiencia, la ineficacia, lo oscuro e irresponsable de su actuar al mantener(le) aplicada una ilegal, aberrada y excesiva sanción de suspensión indefinida en el cargo, por MAS DE VEINTIDÓS (22) MESES, no prevista en la ley, sin condenatoria o acto impugnable que la dictamine para luego dictaminar que bajo un personal, infacultado (sic) e indocumentado criterio, que h(a) renunciado, todo en forma violatoria del derecho a la defensa, del debido proceso, de la presunción de inocencia, del derecho a ser juzgado por los jueces naturales, de (su) derecho al trabajo, a la dignidad humana, a la no discriminación, al derecho de dirigir peticiones y obtener oportuna respuesta, al respeto a (su) integridad y tranquilidad psíquica y, por ende, física, a la aplicación de los procedimientos que determinen las leyes...”

2.8   La violación del artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el mismo establece que los jueces sólo podrán ser removidos o suspendidos de sus cargos mediante los procedimientos expresamente establecidos en la ley, lo cual no ocurrió en su caso.

2.9   La violación de las garantías judiciales de la igualdad ante la ley y de la protección judicial, establecidas en los artículos 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

3. Pidió:

“Por las razones de hecho y de derecho anteriormente invocadas, y por cuanto se trata de una evidente, flagrante, directa, grosera e incontestable violación de (sus) derechos constitucionales, solicit(a) sea declarado con lugar la presente acción de amparo constitucional y en consecuencia se ordene, restituir(lo) en (su) condición de Juez Provisorio Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro, Carrizal y los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda y se ordene igualmente, continúe con los procesos de evaluación para la provisión definitiva del referido cargo y se (le) permita participar sin discriminación en los referidos concursos.

Por cuanto la tramitación del presente proceso de amparo constitucional, implica la indebida separación del cargo, en violación de (sus) derechos constitucionales, y la eventual continuación de los procesos y provisión del cargo, solicit(ó) se acuerde tuición anticipativa protectiva, y en consecuencia, mientras dure la tramitación del proceso, se acuerde la suspensión de los efectos del acto dictado por el ciudadano Manuel Quijada de fecha 27 de Diciembre de 2000 y publicado en el Diario el Universal en fecha Viernes 30 de Marzo de 2001  (...) Asimismo solicit(ó) se decrete medida innominada para (su) reincorporación inmediata al cargo de Juez Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias del Estado Miranda, el pago de todos los aumentos y beneficios laborales correspondientes y la reinserción en la respectiva nómina, mientras esta Honorable Sala Constitucional decide la presente Acción de Amparo Constitucional”.

 

Para fundamentar la solicitud de medida cautelar señaló que sus derechos están amenazados:

“1)   Por parte de la COORDINACIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, de no pronunciarse respecto a mis múltiples solicitudes por encontrarme excluido del Poder Judicial.

2)        Por parte de la COMISION DE EVALUACIÓN Y CONCURSOS PARA EL INGRESO Y PERMANENCIA EN EL PODER JUDICIAL, donde solo se me ha informado que NO se pronunciarán sobre las RECONSIDERACIONES por mí solicitadas por cuanto ello corresponde al JURADO CALIFICADOR y que este aun no ha podido reconformarse (no obstante este ya haber emitido opinión en su “Veredicto”)

3)        Por parte de la COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL PODER JUDICIAL, de no tomar decisión alguna respecto a mis reiteradas solicitudes bajo el argumento de esperar pronunciamiento de la Inspectoría General de Tribunales;

2)     Por parte de la INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, de no pronunciarse respecto a las denuncias que pudiesen existir en mi contra, por considerarse que ahora estoy excluido del Poder Judicial y por lo tanto señalan que no tiene materia sobre la cual pronunciarse, (cuando su deber es emitir pronunciamiento y abrir o cerrar procedimientos, fin para el cual se dictaría la medida provisional de suspensión en el cargo, sin que exista hasta la fecha procedimiento alguno aperturado en mi contra).

3)     Por parte de los departamentos administrativos, Central y Región Miranda, de no proceder al pago de mi salario hasta tanto se defina la situación, pagos que me han suspendido por vías de hecho desde el mes de Enero de 2001, sin que medie orden escrita alguna que así lo disponga, no obstante la írrita medida de suspensión es con pago de sueldo, el cual no he devengado, desde el mes de Enero de 2001, a pesar de mis reiterados reclamos, quedando en imposibilidad de ingresos por la prohibición de ejercicio de la profesión de abogado en mi condición de Juez de la República.”  (sic)

 

II

DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La abogada Velma Soltero de Ruan, inscrita en el Inpreabogado bajo el nº 9.492, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público para actuar ante esta Sala, consideró que la presente demanda de amparo debe ser declarada sin lugar, por las siguientes razones:

Que la acción de amparo es de efectos restitutorios y no anulatorios.

Que contra el acto de suspensión del cargo de Juez del demandante, éste ejerció el recurso de reconsideración y, luego, el recurso contencioso administrativo de nulidad en la Sala Político- Administrativa, siendo el mismo declarado inadmisible, por sentencia del 13 de julio de 2000.

Que el acto atacado, no es más que la consecuencia jurídica de lo establecido en el artículo 39 de las Normas de Evaluación y Concursos de Oposición para el Ingreso y Permanencia en el Poder Judicial.

Que, en definitiva, la verificación del cumplimiento o no por parte del demandante de los requisitos establecidos en las mencionadas Normas es un asunto de legalidad que escapa a la esfera de la jurisdicción constitucional.

Que no existe violación constitucional alguna, sino “por el contrario, se reitera una vez más que el análisis de la problemática planteada en la presente acción de amparo constitucional, indudablemente atañe al juez de la legalidad, esto es, al juez contencioso administrativo”.

 

III

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala decidir sobre el amparo intentado por el abogado PEDRO ANTONIO BELLO CASTILLO, actuando en su propio nombre, contra las actuaciones de la Coordinación General de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y actos omisivos de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, la Comisión de Evaluación y Concursos y la Inspectoría General de Tribunales.

En criterio de la Sala el accionante ni alegó ni probó agravio constitucional alguno. Por el contrario, tal como lo alegó la representante del Ministerio Público, el debate estuvo referido a una serie de actos administrativos y a la legalidad de los mismos.

Con respecto a este último punto, la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, en decisión del 31 de octubre de 2001, fijó posición en lo que respecta a la jerarquía de los órganos de donde emanaron los actos impugnados y las acciones y recursos intentables contra ellos, entre los cuales no se encuentra la acción de amparo.

Se trata de que el accionante dispone de los mecanismos administrativos y jurisdiccionales establecidos en el sistema jurídico contra las conductas impugnadas.

Al respecto, reitera este órgano jurisdiccional que en los casos en los cuales se está en presencia de un problema de legalidad, ello escapa del control jurisdiccional del juez de amparo. Permitir lo contrario, atentaría contra la naturaleza misma de la tutela constitucional, la cual está exclusivamente destinada a restablecer la situación jurídica infringida por violación directa de derechos y garantías constitucionales. En ese sentido se pronunció esta Sala, mediante sentencia de fecha 31 de mayo de 2000 (Caso: INVERSIONES KINGTAURUS, C.A.), según la cual: 

 “(...) a los fines de la procedencia de la acción de amparo es menester la confrontación directa del hecho, acto u omisión presuntamente lesivos, con la norma constitucional que se denuncia como conculcada. Tener presente lo anterior contribuiría a evitar no sólo las posibilidades de fracasar al momento en que sea decidido el asunto sino también a evitar que este alto Tribunal distraiga inútilmente su tiempo examinando materias que escapan al ámbito propio de su jurisdicción.

En este orden debe insistirse que la acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales stricto sensu; de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal,  ya que si así no fuere el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad.

Lo que se plantea en definitiva es que la tuición del amparo esté reservada para restablecer situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero de ninguna forma de las regulaciones legales que se establezcan, aun cuando las mismas se fundamenten en tales derechos y garantías.”

 

                La anterior transcripción refleja claramente el criterio de la Sala en cuanto a los supuestos de procedencia del amparo constitucional, esto es, la violación o amenaza de violación de derechos o garantías constitucionales y no legales.

                En el caso de autos, como quedó demostrado precedentemente, el quejoso fundamentó sus pretendidas lesiones constitucionales en vulneraciones de normas de rango legal y sublegal, razón por la cual debe declararse sin lugar la presente demanda. Así se declara.

 

IV

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda de amparo intentada por el abogado PEDRO ANTONIO BELLO CASTILLO, actuando en su propio nombre, contra actuaciones de la Coordinación General de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y actos omisivos de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, la Comisión de Evaluación y Concursos y la Inspectoría General de Tribunales. Se revoca la medida cautelar otorgada en la decisión del 7 de noviembre de 2001.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia, en Caracas, a los 19 días del mes de  FEBRERO del dos mil dos.  Años:  191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

         El Vicepresidente,

 

                             JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

JOSE MANUEL DELGADO OCANDO            

              Magistrado

 

 

     ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

                                    Magistrado                                                                  

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado-Ponente

 

 

EL SECRETARIO,

 

 

    

                      JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

PRRH.sn.fs.

Exp n° 01-1555