La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Octavio Sisco Ricciardi, declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por la gobernación del estado Táchira, contra una sentencia dictada el 12 de junio de 2013 por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Táchira.

El caso se refiere a un procedimiento por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales seguido por la ciudadana María Alejandra Hernández Varela, contra la mencionada gobernación, en donde el referido Juzgado Primero Superior del Trabajo, el 12 de junio de 2013, declaró con lugar un recurso de apelación y modificó la decisión dictada el 26 de febrero de 2013 por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, que declaró parcialmente con lugar la demanda.

Contra la decisión del juzgado superior laboral la gobernación del estado Táchira interpuso recurso de control de la legalidad, sobre el cual la Sala de Casación Social del Alto Juzgado consideró que dicha sentencia "se encuentra ajustada a derecho y no incurre en violaciones de normas de orden público", por lo que fue declarado inadmisible.