El magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Damiani Bustillos, manifestó que a los sectores que atacan de forma sistemática al Poder Judicial les embarga la nostalgia de aquellos tiempos en que la justicia en Venezuela se arrodillaba ante los poderes económicos que prevalecían, y se enfurecen al tener que enfrentarse a una jurisdicción cuyo único mandato es lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.

Así lo aseguró durante su participación como integrante de la delegación de alto nivel del Estado venezolano que intervino en el 153° Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), realizado en el edificio de la Secretaría General de la OEA en Washington.

El magistrado Damiani Bustillos indicó que el Estado seguirá respetando todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. "Cumpliremos con el principio de que todos los derechos humanos son indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, por lo tanto, no dejaremos que grupos de presión, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales comprometidas con los intereses del capital, frenen la plena efectividad de los derechos humanos y sociales".

Refutó la acusación presentada por una organización no gubernamental según la cual hay parcialidad y falta de independencia del Poder Judicial, específicamente en las actuaciones de la Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa. Al respecto, aseguró que las decisiones de dichas Salas están ajustadas a Derecho y que las actuaciones de las magistradas y magistrados que las integran están apegadas a la Carta Magna y a la Ley.

Expresó que las sentencias de ambas Salas se fundamentan en la verdad procesal y en la correcta aplicación jurisdiccional de la Ley. Asimismo, que la validez jurídica de las decisiones depende de la verdad de sus motivaciones, fundadas y apoyadas en las pruebas.

Insistió que en realidad lo que no perdonan algunos sectores económicos y sociales poderosos al Poder Judicial, es su constante y fiel aplicación de la clausula constitucional contenida en el artículo 2 del Texto Fundamental, conforme al cual Venezuela se constituye en un Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia.

Concluyó el Magistrado del Alto Juzgado que el programa de sociedad que propone la Carta Magna venezolana es el verdadero objeto de los ataques de muchas organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles. "El liberalismo es solo liberismo, es decir individualismo posesivo que pretende anular el sistema de derechos sociales previsto en ella; los liberistas no quieren nuestra Carta Magna, son enemigos del proyecto social allí contenido".