La magistrada Deyanira Nieves Bastidas, segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y presidenta de la Sala de Casación Penal del Máximo Juzgado, durante su discurso de orden en la Apertura de las actividades judiciales en el 2014, recordó la convocatoria que se hiciera de la Asamblea Nacional Constituyente, en los albores de la Revolución Bolivariana, que logró la redacción de la actual Carta Magna venezolana, "que retomara los principios y valores del Ideal Bolivariano y de la Revolución francesa de Libertad, Igualdad y Fraternidad. La cual fue la primera Constitución aprobada por mayoría popular, y que dio paso a una democracia participativa y protagónica del pueblo".

Respecto a los avances del Poder Judicial durante la Quinta República, habló sobre el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, a través de la creación de la Jurisdicción Especial Indígena; sobre la Jurisdicción Especial Agraria, la calificó de un logro más del ideal bolivariano; continuó, cuando dijo que la Jurisdicción de Violencia de Género es una reivindicación más de la República social.

En sus palabras, la Presidenta de la Sala de Casación Penal del Alto Juzgado, sustentó la actual concepción del "Estado Social de Derecho y de Justicia, que el Máximo Juzgado del país la ha definido doctrinalmente de la siguiente manera": "(…) El concepto de Estado Social, surge ante la desigualdad real existente entre las clases y grupos sociales, que atenta contra la igualdad jurídica reconocida a los individuos por la propia Carta Fundamental (artículo 21)…". una vez que citó la decisión N° 85 de la Sala Constitucional del TSJ en el  expediente Nº 01-1274, del  24 de enero de 2002.

Acerca de la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes afirmó que ha sido una victoria más del proceso revolucionario; habló de la Jurisdicción Laboral, refiriéndose que es ejemplo a nivel mundial y catalogándola de un "logro de la Quinta República, y que dio a  la clase trabajadora las reivindicaciones que adeudó por muchos años la anterior República".

Referente al escrutinio del trabajo del Poder Judicial, aseveró que su trabajo no solo está bajo la observación de la Asamblea Nacional sino también del Poder Moral, pero de manera más significativa "bajo la vigilancia del Poder Popular, ahora activo en las decisiones de los juzgados del país". Confirmó que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, "establece que el pueblo organizado es acreedor del derecho exigible jurídicamente a servicios públicos de impecable calidad".