Este viernes se realizó el acto de entrega del Informe Final de la Comisión por la Justicia y la Verdad, el cual constituye un documento formal en el que se expone de manera pormenorizada la posición oficial del Estado frente a los hechos investigados, y que concluye que hubo violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad entre los años 1958 y 1998.

La actividad contó con la participación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno; el presidente del Poder Moral y defensor del Pueblo, doctor Tarek William Saab; la fiscal general de la República y presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad, doctora Luisa Ortega Díaz y la presidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, magistrada María Carolina Ameliach.

Asimismo el presidente de la Corte Marcial, general de división Henry Timaure Tapia; los magistrados eméritos Deyanira Nieves Bastidas y Emiro García Rosas; representantes del cuerpo cuerpo diplomático acreditado en el país; diputadas y diputados a la Asamblea Nacional, miembros de los diferentes frentes sociales de familiares y amigos asesinados, desaparecidos y torturados por razones políticas entre 1958 y 1998, de organizaciones no gubernamentales y del Poder Popular, entre otros.

En este acto la doctora Luisa Ortega Díaz, entre otros aspectos, señaló que la finalidad de la Comisión por la Justicia y la Verdad no fue suplir las funciones propias del Poder Judicial, del Ministerio Público, ni del Sistema de Justicia Penal en general, "sino complementarlas a través de un abordaje integral, pudiendo en algunos casos proponer la anulación de juicios y procedimientos judiciales cuando se tenían pruebas fehacientes de que fueron manipulados para favorecer la impunidad de los autores".

También resaltó la sentencia del año 2015, dictada por la Sala Político Administrativa del TSJ, que declaró procedente el recurso de interpretación interpuesto por los miembros principales de la Comisión por la Justicia y la Verdad respecto a varios artículos de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, decisión que determinó que una vez efectuadas las investigaciones correspondientes, la referida Comisión tiene la potestad para declarar que una persona está en la condición de "muerta-desaparecida".    

En representación de las víctimas del periodo 1958-1998, intervino Esther Macías Añez, quien reconoció el arduo trabajo desplegado por la Comisión por la Justicia y la Verdad, al tiempo que recordó los hechos y persecuciones que sufrieron en ese tiempo. Mientras que el padre Numa Molina García, miembro principal de esta Comisión, señaló que "nuestra lucha por la verdad y la justicia no termina con la presentación de este informe, este acto es nuestra primera cosecha, pero nuestra lucha sigue, porque tenemos memoria, porque siempre escucharemos el grito de los oprimidos".

En la actividad, efectuada en el Teatro Principal de Caracas, y moderada por el diputado Earle Herrera, se entregó una copia del informe final a los ciudadanos David Nieves, Fernando Soto Rojas, Rosa Millán, Margarita Canelón, Luis Machado, Dimas Petit, Juan Carlos Garrido Ojeda, entre otras víctimas del período comprendido entre los años 1958 y 1998.