Un Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal de Caracas y otro del Circuito Judicial Penal de Lara, decretaron 15 medidas privativas de libertad contra personas que realizaron acciones violentas de desestabilización y alteración del orden público con bombas molotov y otros implementos en la urbanización Bello Monte en Caracas, además que atacaron y hurtaron bienes nacionales de la sede del Servicio Autónomo Nacional de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), de Barquisimeto, en el occidente del país.

El Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas decretó medida privativa sustitutiva de libertad, contra Cristian Manriquez, Gerico Vaute, Jennifer Mejía, Wrayan Zapata, German Zambrano y Jainel Guevara, por el concurso real de los delitos de agavillamiento, obstrucción de vías públicas, detentación de sustancias explosivas e incendiarias y uso de adolescente para delinquir. A estos ciudadanos se les fijó al Sebin como sitio de reclusión.

Sobre los hechos para decidir, el Juzgado se basó en las pruebas presentadas por los organismos de seguridad, en las que se asienta que el 14 de septiembre, un grupo de hombres y muejres mujeres estaban protestando con objetos contundentes, bombas molotov, piedras y botellas en la avenida Miguel Ángel de la urbanización Bello Monte en Caracas, quienes además arremetieron contra funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que se encontraban para garantizar la paz pública.

Asimismo, este Juzgado de Control dictó medida cautelar de presentación y prohibición de salida de Caracas contra: Gerson Rosales, Marizna Fornerico, Iriny Hatgiconstan, Daniel Dacosta, Nelson Rondón, Francisco Moser Díaz y Paul Moser.       

En cuanto al Tribunal de Control del estado Lara, fue acordada la medida privativa de libertad en procedimiento ordinario y determinó la flagrancia contra nueve ciudadanos más, por la presunta comisión de los delitos de hurto agravado, incendio intencional, resistencia a la autoridad, agavillamiento, uso indebido de uniformes militares, instigación al odio, instigación a delinquir, posesión de material explosivo y uso de adolescente para delinquir. A estos ciudadanos se les asignó como centro de reclusión el Fuerte Terepaima. De igual manera, dictó la medida cautelar, tipificada en el artículo 242, ordinal 8 del Código Orgánico Procesal Penal, para tres personas imputadas por los mismos hechos.