La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, afirmó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debe asumir el desafío que representa sostener la imagen mundial de la administración internacional de justicia con la aplicación inadecuada o antijurídica de su propio estatuto y demás principios que conforman el Derecho internacional, a raíz de la competencia que ha pretendido asumir para dirimir la controversia que sostiene la República Bolivariana de Venezuela con la República Cooperativa de Guyana sobre el territorio Esequibo, y para cuya solución nuestro país sostiene como única vía la aplicación del Acuerdo de Ginebra de 1966. 

Así lo manifestó durante el Foro "En Defensa del Esequibo" efectuado en el Auditorio Principal del TSJ, donde señaló que la estabilidad y el futuro de la jurisdicción internacional dependen de la legitimidad de los órganos que están llamados a ejercerla conforme a Derecho y no de intereses extrajurídicos. "Actuaciones al margen del Derecho internacional son incompatibles con el orden y la paz regional y mundial especialmente si provienen de instancias judiciales. De sus magistrados y magistradas depende el legado que dejarán para la humanidad y el propio futuro de los pactos que han dado nacimiento a esas mismas instancias de justicia", indicó.

En su intervención, destacó que el Poder Judicial venezolano muy tempranamente se ha sumado al fervor patriótico que ha unido al pueblo de Venezuela por la completa reivindicación de su soberanía territorial, y que "la Patria y su tiempo histórico nos ha revelado la importancia de presentarnos con solidez y bajo una sola voz como pueblo cohesionado para defender los derechos inmemoriales de la nación sobre su espacio terrestre, aéreo y marítimo, fluvial y lacustre, su mar territorial y su suelo con sus recursos, incluida la Guayana Esequiba que es, indudablemente, venezolana".

Hizo un recorrido por principios del Derecho Constitucional y del Derecho internacional, así como valores y normas que se ubican en el bloque de la constitucionalidad inherentes al tema, haciendo mención, entre otros aspectos, a los artículos de la Constitución que consagran la integridad territorial y a la Real Cédula que crea la Capitanía General de Venezuela, la cual constituye la génesis de la territorialidad venezolana.

Posteriormente intervino el G/B José Pompeyo Torrealba, historiador, fundador del Movimiento Nacional al Rescate del Esequibano y el Esequibo y asesor de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial del parlamento nacional, quien señaló que es imperativo enseñar al pueblo el sentido histórico de la lucha por el Esequibo, además de estimular el espíritu nacionalista. "Es un honor estar nuevamente en este templo de la justicia, es la cuarta conferencia que doy en este recinto. Tanto honor me abruma, pues veo que el país entero está movilizado alrededor de un tema tan importante como la Guayana Esequiba".

Por su parte, el diputado Hermann Escarrá, presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial de la AN, inició su intervención rechazando los intentos de sabotear el referéndum consultivo del 3 de diciembre por parte de quienes han tratado de manipular a la población confundiendo la consulta con un plebiscito, tildándola de partidista, llamando a votar contra varias de sus preguntas y proponiendo su suspensión, lo que calificó como una salvajada que se ubica en clara alineación con la República Cooperativa de Guayana, la transnacional petrolera Exxon Mobil y la misma Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra los intereses venezolanos.

El evento, que inició con la presentación del grupo Los Hijos del Río, provenientes del estado Bolívar y quienes escenificaron la obra Canto al Esequibo, contó con la presencia, entre otros, de magistradas y magistrados, la Inspectora General de Tribunales, el Director de la Escuela Nacional de la Magistratura, el Director Ejecutivo de la Magistratura, el Defensor Público General, servidoras/as judiciales, junto a representantes del Poder Popular.