El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidido por la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, prosigue en la revisión del proceso de desalojos en materia inquilinaria, en pro del equilibrio entre los sujetos procesales y la concreción de los derechos y garantías constitucionales en esta materia de trascendencia nacional. En tal contexto, se efectuó una sesión de la mesa técnica cuya creación ordenó la sentencia número 1.171, dictada por la Sala Constitucional del alto juzgado venezolano en fecha 17 de agosto de 2015, para garantizar la tutela eficaz del derecho a la vivienda de los inquilinos sobre los cuales pesen sentencias definitivamente firmes de desalojo por parte de tribunales civiles, y a su vez, resguardar los derechos de los arrendadores, según los extremos de ley.  

Durante el encuentro se hizo un balance de la situación actual y los avances del protocolo de actuación conjunta y corresponsable, establecido según las disposiciones del Máximo Juzgado y la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda, para la solución integral de las causas con medidas de desalojo y reubicación y demás soluciones habitacionales de inquilinos, según los supuestos de ley. Discutidas las propuestas, las partes se comprometieron a seguir adelante en la elaboración del informe definitivo.

Participaron en la reunión representantes del Poder Judicial venezolano; el diputado Rigel Sergent, integrante de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional; la Dra, Jelixé Silvio, titular de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi), así como delegados del Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat y de la Defensoría del Pueblo.