El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidido por el magistrado Maikel Moreno, participó en una jornada técnica convocada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) a fin de trabajar los indicadores de gestión sobre la justicia penal juvenil que se llevan actualmente en los tribunales competentes en el país y continuar una labor permanente en aras de seguir optimizando el servicio que presta el Poder Judicial venezolano, en sintonía con los postulados consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en beneficio del pueblo.

La Coordinación Nacional del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente del Alto Juzgado, participó en la mesa donde el  magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela, integrante de la Sala de Casación Penal y coordinador de la jurisdicción, expuso los parámetros de gestión sobre la justicia penal juvenil que se proponen en los países de la región con el fin de establecer un plan conjunto para crear un sistema estadístico único en Latinoamérica.

El magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela destacó el trabajo que se ha venido realizando desde la más alta instancia jurisdiccional del país, relacionado con el tema de la justicia juvenil en cuanto al tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal y la puesta en marcha de los equipos multidisciplinarios.

La instalación del encuentro estuvo a cargo del representante de la Unicef en Venezuela, Lic. Rafael Ramírez Mescec, quien saludó y agradeció la presencia de las autoridades de distintos organismos del Estado para atender de manera más precisa el tema estadístico sobre la justicia penal juvenil en la región y el desafío que tiene Venezuela en la materia para el año 2019.

El espacio de intercambio realizado en la sede la Unicef Venezuela, ubicada en Caracas, sirvió para conocer también en detalle la propuesta de los diez indicadores básicos para la construcción de un sistema de información sobre la justicia penal juvenil, ya que no hay en la región latinoamericana un sistema de información que permita situar en su justa medida la participación del adolescente en conflicto con la ley penal.

Dicho sistema proporcionará un conjunto de datos estadísticos comparativos como punto de partida para la evaluación, desarrollo de servicios y elaboración de políticas públicas orientadas hacia la garantía de los derechos fundamentales del adolescente judicializado. 

Durante la mesa técnica también fueron abordados varios aspectos como: las instituciones que administran sanciones; Poder Judicial; estadísticas sobre la infancia, adolescencia y justicia; la policía y los cuerpos de seguridad, entre otros.