Según lo previsto y sancionado en la Ley Orgánica de Precios Justos, el Tribunal Segundo de Control con competencia en delitos económicos de la Circunscripción Judicial del estado Apure, a cargo de la jueza Nancy Lugo, acordó la medida de privación judicial preventiva de libertad contra Diego Antonio Lara Arteaga, por la comisión del delito de "Contrabando de Extracción", establecido en el artículo 59 de la mencionada norma jurídica.

También fueron imputados por el mismo delito los ciudadanos: Cándido José Marchan Ramos, Orlando Alfredo Párraga, Roberto Antonio López Nieves, Freddy Rafael Medina Arévalo y la ciudadana Yubisay Coromoto Rodríguez. El juzgado les dictó, asimismo, medida de privación judicial preventiva de libertad y estableció como centro de reclusión el Internado Judicial del estado Apure.

La imputada y los imputados fueron capturados en flagrancia por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, una vez que localizaron en una vivienda 12 mil litros de aceite comestible, 21.120 kilogramos de arroz, 3.840 rollos de papel higiénico y más de 175 kilógramos de harina de maíz.

Dentro de la seguridad alimentaria que propugna el Estado venezolano, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, el pasado 20 de noviembre de 2013, en su Resolución N° 2013-0025, resolvió que en todo el país habrá juzgados penales que conocerán y decidirán, de manera exclusiva, los casos cuyas imputaciones estarían vinculadas a la comisión de ilícitos económicos, la especulación, el acaparamiento, la usura, el boicot, la alteración fraudulenta de precios, alteración fraudulenta de oferta y demanda, el contrabando de extracción, exposición a la devastación o al saqueo y otros delitos conexos.