Durante la celebración del Diálogo Nacional del Poder Judicial, II Encuentro Nacional en el marco de los 15 años de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, efectuado en el Auditorio Principal del Tribunal Supremo de Justicia, el director general de la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM), e integrante de la Sala Constitucional, magistrado Arcadio Delgado Rosales, destacó la gestión ejercida por esta casa de estudios.

El Magistrado recordó que por Resolución de la Sala Plena del Máximo Juzgado del país, nace el Instituto de Investigación y Postgrado como una unidad administrativa, funcional y técnica, adscrita a la Escuela Nacional de la Magistratura, definida como una Institución de Investigación, que tiene como propósito fundamental la formación de jueces, juezas y demás funcionarios y funcionarias judiciales que conforman el sistema de justicia venezolano, en el ámbito de Altos Estudios e Investigación en la ciencia del derecho con calidad, sensibilidad y pertinencia social, para responder eficiente y eficazmente en la administración de justicia, con supremos valores de ética, moral, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, accesibilidad, responsabilidad social, en el marco del Estado Social de Derecho y Justicia.

Dentro de las funciones de esta Institución, están la ejecución de 47 programas académicos en dos años de gestión, los cuales incluyen Programas de Estudios Avanzados, Cursos de Ampliación y Talleres de Extensión. Asimismo, destacó la labor ejercida en cuanto a la formación de dos mil seiscientos treinta y tres servidores públicos, mediante los programas académicos y postgrado a nivel nacional.

Con la finalidad de obtener información de las necesidades de formación existentes en el Poder Judicial a nivel nacional, anunció la elaboración de un estudio realizado con la aplicación de un cuestionario a las Autoridades Judiciales, quienes plasmaron los requerimientos en materia de capacitación y formación de los funcionarios y funcionarias judiciales, lo cual contribuye en  la base para la planificación académica.

Igualmente, el magistrado Delgado Rosales dijo que la capacitación a nivel nacional en materia de Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), además de ampliación, actualización y perfeccionamiento profesional en otras competencias, enfocadas en actualizar a los funcionarios y funcionarias en materia de archivo a nivel nacional, a los alguaciles de todas las dependencias judiciales, así como el programa dirigido a los integrantes de los tribunales de violencia contra la mujer.

Del mismo modo, al entrar en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en cuyos aspectos relevantes se encuentra la incorporación de los juzgados de municipio a la estructura orgánica de esta jurisdicción, para el conocimiento de la materia relativa a los servicios públicos; se incorporó a la programación de capacitación, el adiestramiento necesario para coadyuvar en la creación de juzgados superiores en lo Contencioso Administrativo, por lo que la ENM se avocó a la capacitación de funcionarios de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo; así como, de los juzgados de municipio a nivel nacional.

De acuerdo al convenio suscrito entre la Escuela Nacional de la Magistratura y la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), mencionó el inicio del Programa Académico Especialización en Gestión Judicial, bajo la coordinación, dirección y supervisión de los Coordinadores Nacionales y Regionales de la ENM y UBV, en las sedes de los estados Aragua, Barinas, Bolívar, Falcón, Distrito Capital-Miranda, Monagas y Zulia, integrando abogadas y abogados egresados de esa casa de estudios.

Finalmente, anunció el traspaso de fronteras en cuanto al apoyo en la ejecución del Programa de Altos Estudios Judiciales Virtuales, con participantes en la formación de tutores en entornos virtuales de aprendizaje, dirigido a funcionarios del Sistema Judicial de Argentina, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala y Venezuela; así como la República del Perú en materia laboral, potenciando con ello el compartir experiencias, mediante el intercambio de saberes de los diversos elementos fácticos jurídicos para la sensibilización, la justicia social, la solidaridad y las garantías de paz e integración de los poderes judiciales de Suramérica.