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  • Tribunal Supremo de Justicia
Fecha: 16 de junio de 2016
TSJ reimpulsa concursos para obtener la titularidad de los jueces y juezas de la República

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia aprobó las normas que regulan y organizan el ingreso, ascenso y permanencia en la carrera de los jueces y juezas del país, mediante los concursos de oposición públicos y las evaluaciones de desempeño, de conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La resolución fundamenta la apertura a los concursos de oposición para jueces y juezas, tanto para el ingreso como para ascenso, al tiempo que dispone un proceso específico de concurso para la regularización de aquellos que se encuentran en ejercicio provisorio o como no titulares, todo lo cual seguirá los cronogramas y las bases de las convocatorias que al efecto serán dadas a conocer por la Comisión Judicial del Máximo Tribunal.

Al hacer el anuncio sobre la aprobación de esta resolución, la presidenta del TSJ, magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado explicó: "Proseguimos el camino hacia la consolidación del nuevo modelo de servidor público judicial. Este es un paso significativo para garantizar, aún en mayor medida, la idoneidad y excelencia de las juezas y jueces, quienes podrán obtener y/o regularizar su condición de titular y encauzar con esfuerzo y compromiso sostenido, una carrera judicial de luces y provecho en lo personal y para la colectividad".

Las normas identifican los principios que guiarán los procesos de concurso, entre estos: la idoneidad para ingresar y ascender en la función judicial; la especialidad en cuanto a la formación profesional; la igualdad entre los aspirantes; la imparcialidad y la publicidad como garantía de transparencia; la estabilidad y la responsabilidad en el desempeño de los cargos. Asimismo, destaca particularmente la observancia de los principios de participación popular en el procedimiento de selección y designación de los jueces y juezas, y la formación y capacitación permanente como garantía de eficiencia en el desempeño de la tarea jurisdiccional.