En la ciudad de Lima, Perú se realizó XI Conferencia Iberoamericana de Justicia "Estado Constitucional y Desarrollo Económico", en la que participó la magistrada Lourdes Suárez Anderson, integrante de la Sala Constitucional, en representación de la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia.

La magistrada Suárez Anderson expuso las Garantías y Límites Fundamentales del Régimen Económico, previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco del régimen socio económico del Estado, entendido éste, como "regulador de la economía" para asegurar el desarrollo humano integral, defender el ambiente, promover la creación de valor agregado nacional y de fuentes de trabajo, garantizando la seguridad jurídica para fomentar, junto con la iniciativa privada, el desarrollo armónico de la economía nacional y la justa distribución de la riqueza.

De igual manera, presentó los criterios jurisprudenciales establecidos por el TSJ respecto a la noción del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia (Sentencia de la S.C. N° 85 del 24-01-2002), los límites al ejercicio de los derechos económicos en aras de la protección de los débiles jurídicos, los trabajadores, los inquilinos y los consumidores y usuarios entre otros (Sentencias: N° 85 del 24 de enero de 2002, N° 903 del 14 de mayo de 2004, N° 1419 del 10 de julio de 2007, N° 1049 del 23 de julio de 2009, N° 1171 del 17 de agosto de 2015) y la ponderación y no regresividad de los derechos (Sentencia N°343 del 06-05-2016), entre otras.

El objetivo de la Conferencia fue el de discutir un cuestionario sobre constitucionalidad iberoamericana, con la finalidad del intercambio de información y experiencias entre la diversidad de sistemas y modelos de control de constitucionalidad y de protección de los derechos y libertades fundamentales en cada país, asimismo la promoción de las diversas iniciativas de cooperación y colaboración conjunta, con el propósito de reforzar la concertación y los lazos de cooperación.

En la jornada, en la cual se discutió y se aprobó la Declaración Final de la Conferencia, participaron representantes de los Tribunales, Cortes y Salas que imparten justicia constitucional en Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, asimismo participó como observador invitado el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, la Comisión de Venecia y la Unión de Cortes y Consejos Constitucionales Árabes.