Por decisión unánime de Sala Plena del TSJ, el encargado de ser el orador de orden de la Apertura de Actividades Judiciales 2015, fue el presidente de la Sala Político Administrativa del Alto Juzgado, magistrado Emiro García Rosas, quien manifestó que el Estado Social, Democrático, de Derecho y de Justicia "requiere de hombres y mujeres éticos, capaces de llevar a cabo el cambio que nuestro país necesita, por lo cual es tan importante la formación en valores, la formación del pueblo en ética, palabra que aparece siete veces en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y otras nueve en su exposición de motivos".

El Magistrado destacó el trabajo que realizó la Sala Político Administrativa, de la entonces Corte Suprema de Justicia, una vez que interpretara la Ley Electoral, la cual estableció que a través de un referendo consultivo podía llamarse a una Asamblea Nacional Constituyente, generando así la aprobación en voto popular de la actual Carta Magna, y la cual es "la más garantista y humana que haya tenido nuestro país", además que acuñó "la frase de Estado Social". Explicó los orígenes de este concepto, asociando al Estado Social, al Estado revolucionario, en base a destacados juristas socialistas del mundo.

En este sentido, el Presidente de la Sala Político Administrativa del Alto Juzgado, se refirió a la sentencia N° 85 del 24 de enero de 2002 de la Sala Constitucional del TSJ, que estableció: "No es que Estado Social propenda a un Estado socialista". Y la sentencia N° 1.158 del 18 de agosto de 2014, la cual manifiesta: "el paradigma de Estado Social comporta un cambio en la manera que el Estado debe actuar y desenvolverse... dentro de un Estado de naturaleza social". Considera, "que puede establecerse un puente de conexión entre esta sentencia y el pensamiento de los iusfilósofos estudiados, convencido de que sí es posible que el Estado Social derive en Estado socialista". Analizó la inclusión de esta frase en el constitucionalismo latinoamericano de países donde gobierna la izquierda como Ecuador, Bolivia y Venezuela, porque en Nicaragua tal expresión (Estado Social), no necesita interpretación, ya que se declara socialista.   

Sobre las reformas legales que plantea la Carta Magna venezolana, hizo hincapié en el proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil que presentó la Sala de Casación Civil ante la Asamblea Nacional, y en el proyecto que presentó la Sala Político Administrativa en 2010, que dio lugar a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Destacó la imperiosa necesidad de la demarcación del "hábitat indígena" como lo establece la Disposición Transitoria decimosegunda del Texto Fundamental, a la vez que reconoció que el gobierno bolivariano ha venido ejecutando "este mandato constitucional y legal para saldar la deuda con nuestros pueblos indígenas". Ratificó que "el Estado Social se encuentra en plena construcción revolucionaria".

También manifestó que el capitalismo degenera en miserias, como "la guerra económica, que consiste en esconder y acaparar mercancías para que se encarezcan, causen neurosis en los consumidores y aumente la inflación". "Y es evidente que el capitalismo no resuelve los problemas que crea", "produce la fragmentación de la vida y las profesiones. Ahora tenemos médicos expertos en manos, pero no curan los pies que nos sostienen sobre la tierra". Para revertir esta situación aclaró que hay que "instaurar el socialismo".

Sobre los organismos internacionales con preeminencia capitalista, destacó que gracias al presidente Hugo Chávez Frías, Venezuela se retiró del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, con finalidad económica pero no social, a la vez que creó organismos prosocialistas como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, propiciando así un "salto cuántico".

Sobre la ética que propugna la Constitución Bolivariana, se refirió a los jueces y juezas "deben hacer un seguimiento a sus subalternos, del mismo modo que la sociedad debe hacerlo a sus jueces y a todos los funcionarios en general".

Como parte de la ética, llamó a propiciar que "el pueblo sea el gran protagonista de los intereses públicos y que participe organizada y formalmente en el enjuiciamiento de los operadores de justicia". "Propugnemos un sistema disciplinario más rígido para los jueces que para los demás funcionarios, porque un juez sancionado por razones graves, si regresa al cargo, no puede motivar para la obediencia, ya ha perdido autoridad moral".

Aseguró que el juez y la jueza debe tener una vida discreta y dedicada al estudio. "La contraloría social debe impedir que un ciudadano malo sea juez, ni el abogado malo, ni el escandaloso, ni el licencioso, ni el violento, ni el vociferante, ni el vicioso, ni el indiscreto, ni mucho menos el corrupto. Un juez debe ser, una buena persona".   

"La ética que anima la Constitución es la del Estado y del individuo, debe impartirse en la primaria, secundaria y la universidad, en los estudios técnicos y en los cursos de formación de jueces y demás integrantes del sistema de justicia... La ética contiene mandamientos, que empiezan con el amor al prójimo. Ese es el primer precepto entre unos cuarenta que consta en el libro Manual de Ética Socialista Bolivariana, cuyos autores somos Manuel Espinoza y este servidor". Concluyó el magistrado Emiro García Rosas: "No podemos hacer éticos a los demás pero podemos ser un ejemplo para ellos".